El Sindicato de Custodios reveló un informe contundente que expone la existencia de una red de precarización, connivencia política e incumplimientos sistemáticos en la provincia de Salta. Tras varios meses de inspecciones y auditorías, el gremio identificó a un grupo de empresas que estarían operando fuera del Convenio Colectivo de Trabajo, con personal no registrado, sueldos miserables, ausencia total de condiciones mínimas de seguridad y presuntas vinculaciones con sectores del poder local.
Entre las empresas observadas por el sindicato se encuentran:
JCI SAS, San Francisco SAS, León Seguridad SRL, Seguser SRL, Cardenales SAS, Legal Seguridad, Star SRL, Delta Seguridad y Vigilancia SRL y Escorpio Protección y Servicios SRL.
Según el relevamiento, muchas de estas firmas mantienen trabajadores con salarios que apenas rondan los $400.000 mensuales, sin obra social, sin uniforme, sin credenciales habilitantes y en numerosos casos sin ningún tipo de registración laboral. “Son compañías que no deberían estar operando”, remarcaron desde la Comisión Directiva Nacional.
Auditorías y cartas documento que destaparon el conflicto
Durante los últimos meses, el sindicato envió decenas de cartas documento a clientes y contratantes que sostienen vínculos con estas empresas, advirtiendo sobre las irregularidades detectadas. La medida generó una reacción inmediata dentro del sector empresarial, donde algunas firmas quedaron en estado de “preocupación alarmante” ante el avance del gremio.
Lo más grave: los organismos provinciales responsables de controlar la actividad nunca detectaron —o nunca quisieron detectar— estas maniobras, pese al nivel de precarización y abandono denunciado por los trabajadores.
Amenazas y presiones: los métodos de siempre
Luego de las denuncias, sectores de estas empresas comenzaron a lanzar amenazas e intimidaciones, intentando frenar el accionar del sindicato y disciplinar a trabajadores que se animaron a hablar. Para el gremio, se trata de prácticas “propias de la época más oscura del país”.
“No vamos a tolerar ningún tipo de amenaza. Somos una organización combativa, democrática y federal que defiende a los trabajadores en todo el territorio argentino.”
El sindicato aseguró que muchos de estos empresarios operan con supuesta protección política, razón por la cual lograron sostener durante años esta estructura de explotación.
“Si no pudieron en Buenos Aires, tampoco podrán en Salta”
La conducción nacional fue categórica:
“Si no pudieron intimidarnos en Buenos Aires, tampoco lo harán en Salta. Vamos a llevarlos a la justicia y exponer cómo se enriquecieron a costa de los trabajadores.”
El gremio adelantó que, de ser necesario, avanzará con medidas de fuerza en múltiples objetivos y presentará todo el material al Gobierno de la Provincia de Salta para exigir acciones inmediatas.
Denuncias administrativas, penales y judiciales
La Comisión Directiva Nacional ya se encuentra elaborando un paquete de acciones que incluirá:
Denuncias administrativas ante organismos provinciales y nacionales
Presentaciones penales y judiciales contra empresas y responsables
Investigaciones sobre contratantes que sostienen vínculos con firmas irregulares
“El sindicato ya notificó todo lo que está ocurriendo. El próximo paso será activar medidas concretas contra aquellos que pretendan avasallar los derechos de los trabajadores”, sostuvieron.
Un llamado al Gobierno y a la sociedad
“Cuando hablan de libertad, no se habla de libertad para explotar, amenazar o amedrentar. Es hora de terminar con estos pseudoempresarios que lucran con la necesidad de la gente”, concluyó la conducción del gremio.
